NI REFUGIADO NI ASILADO... ¡PRÓFUGO!
Según las leyes internacionales
que rigen el bien vivir de la humanidad, el asilo humanitario es la práctica de
ciertas naciones de aceptar en su suelo a inmigrantes que se han visto
obligados a abandonar su país de origen debido al peligro que corrían por
causas raciales, religiosas, guerras civiles o catástrofes naturales.
Los refugiados se ven forzados a
huir porque no disponen de la suficiente protección por parte del gobierno de
su propio país.
Mientras que el asilo político es
el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo
requiere para juzgarle por delitos políticos.
De acuerdo con la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que
"debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa
de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de su país.
Con la aclaración de quién es un
refugiado o asilado, surge esta gran interrogante: ¿qué es Marcelo Soza? En las
últimas horas diversos medios de comunicación, portales y en las redes sociales
se ha especulado que el ex fiscal se encuentra en Brasil, refugiado o asilado
por este país.
Pero será que el hombre que ha
perseguido, extorsionado y encarcelado a la sociedad cruceña que disiente del
régimen del Movimiento al Socialismo puede acceder a esta condición de
indefensión, para ser protegido por un país como Brasil?
Durante más de 4 años, desde el
asalto y asesinato de tres personas en el Hotel Las Américas, Marcelo Soza fue
el brazo represor del Gobierno desde el Ministerio Público. En el supuesto caso
denominado terrorismo se violentaron todos los procedimientos legales y se
violaron cuantos derechos humanos pudieron.
Es necesario recordar que quienes
se identificaron con la autonomía fueron reprimidos, secuestrados, amordazados,
trasladados a La Paz, despojados de sus bienes y sus familias, por el fiscal
Marcelo Soza, cumpliendo las órdenes de la red de extorsión encarnada en el
Ministerio de Gobierno de Evo Morales.
Hoy, a casi 5 años de la matanza
en el Hotel Las Américas, donde dicho sea de paso se ha reconfirmado mediante
instancias internacionales y la misma voz del fiscal acusador que todo ello fue
un montaje, se ha volcado la tortilla para quien apuntó infamemente contra los
autonomistas, empresarios, cívicos, políticos y todo aquel que le estorbaba al
Gobierno del MAS.
Audios, fotos, videos,
confesiones y declaraciones pusieron al descubierto la verdadera identidad de
Marcelo Soza, y el show que montó a encargo del Palacio Quemado. “A confesión
de partes, relevo de pruebas”, reza un viejo dicho jurídico en Bolivia que es muy
aplicable en este caso, ya que de la misma voz del ahora acusado se ha revelado
el secreto mejor guardado del MAS, y su estrategia de desarticular la
oposición.
Para nadie es desconocido que en
nuestra amada Bolivia falla todo, desde el transporte público hasta la salud,
educación y sobre todo la justicia; esa justicia maltrecha que tiene
injustamente detenidas a más de 30 personas, a centenares de perseguidos
políticos y decenas de asilados por el caso de supuesto terrorismo.
Ahora ni el fiscal general del
Estado, Ramiro Guerrero, sabe del paradero del acusado de extorsión Marcelo
Soza Álvarez, por lo que responsabilizó al fiscal anticorrupción, Enrique
Montaño de Sucre, por no ejecutar la aprehensión por incumplimiento de deberes.
Asimismo apuntó a los fiscales de La Paz y Santa Cruz por demorar las
investigaciones del caso extorsión, donde el ex representante del Ministerio
Público es acusado junto a su abogado Moisés Ponce de León, de quien también se
desconoce su paradero. ¡Qué paradoja!
La declaración de Guerrero se
produce en medio de fuertes versiones de una posible fuga a Brasil o Perú de
Marcelo Soza, quien debía presentarse ante la fiscalía anticorrupción de Santa
Cruz, luego de haber sido citado a través de edictos de prensa, para responder
a acusaciones de extorsión a Zvonko Matkovic y otros, a cambio de ser excluidos
de la lista de imputados por terrorismo, del que fue su principal investigador.
Para empeorar la situación, se
conoció que el abogado Moisés Ponce de León abandonó el domingo pasado la
clínica policial Virgen de Copacabana de La Paz, por sus propios medios, adonde
se internó el 7 de marzo para una intervención quirúrgica por una dolencia de
hernia.
Ningún abogado o sabedor de las
chicanerías jurídicas desconoce que una forma de evitar la cárcel o una
audiencia, es presentar un informe trucho de enfermedad. Hoy los cómplices han
sido los forenses de La Paz, Silvia Eugenia Yucra Ortiz y Cristian Vargas
Camacho, que recomendaron 20 días de reposo y 30 días sin actividad física.
Este certificado le permitió al extorsionador evadir nuevamente una citación
para el 8 de marzo. Sin embargo, Ponce fue visto el lunes en inmediaciones de
su oficina en un céntrico hotel, a donde asistió caminando en forma normal.
En torno al audio denunciado, en
el que Soza comenta que el caso terrorismo fue un montaje del gobierno, el
fiscal Guerrero dice que hay fiscales que están llevando actos investigativos
antes de disponer el peritaje solicitado por la senadora denunciante, Carmen
Eva Gonzales; aunque dizque la excesiva carga laboral de 1.000 y 1.500 que
tiene cada fiscal, dificulta la celeridad del caso. Como si este caso no fuera
importante y no llevara casi 5 años.
Con relación al caso extorsión,
responsabilizó a los abogados de Marcelo Soza y Moisés Ponce de León, por el
uso abusivo de recusaciones, excepciones e incidentes que demoran la
investigación y dejó en manos del fiscal de materia la celeridad de las
investigaciones, tal como en su momento habría instruido. O sea, se lava las
manos y evade su responsabilidad.
Desde el comienzo, los
investigados presentaron más de diez incidentes tanto en La Paz como en Santa
Cruz, en el objetivo de trasladar el caso extorsión a la Sede de Gobierno por
tener las mayores garantías del proceso. Soza insiste en trasladarlo porque hay
mayor protección gubernamental.
Como el caso Soza ya era
insostenible para el Gobierno y las pruebas en su contra son irrefutables, como
todo Judas, el MAS decidió darle la espalda y antes que Soza hable o lo
silencien, al parecer ha fugado al Brasil.
Si esto es así, sería un desastre
para el Ministerio Público, porque es la instancia que está encargada sobre los
procesos en los que está implicado Soza. En todo caso, si fugó o no del país,
el proceso debe continuar contra el ahora prófugo Marcelo Soza y todos sus
cómplices.
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Un saludo,
Rafael D. López M.
DIPUTADO NACIONAL
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
